Acción Ecológica: “Si nos encierran, renaceremos más fuertes”

Fotografía: Zitouna Auryn

Minutos antes, en un emotivo evento realizado en la Universidad Andina simón Bolívar, en Quito, las integrantes de Acción Ecológica declaraban enfáticamente que en sus treinta años de existencia, la organización ha promovido de manera pacífica la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de los pueblos campesinos e indígenas. Según sus voceras, esta defensa se apega a cabalidad a los fines expuestos en sus estatutos, aprobados legalmente por el mismo Estado ecuatoriano.

“Causales de disolución”

Cabe recordar, que el 18 de diciembre pasado, la ong ecologista solicitó ante la ONU que una Comisión de Paz y Verdad investigue las violaciones a derechos, ocurridas en la Cordillera del Cóndor. En esta región fronteriza con el Perú, al sur de la Amazonía ecuatoriana, se construyen actualmente dos importantes mega proyectos mineros: “Mirador” y “Panantza- San Carlos”, ambos de propiedad del consorcio estatal chino conformado por las empresas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation (CRCC). Dos días después de realizada dicha solicitud, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Interior iniciaban el proceso de disolución de Acción Ecológica, acusándola principalmente de desviarse de los objetivos para los que fue creada y de incitar a la violencia[2]. La notificación de las instituciones gubernamentales otorgaba a Acción Ecológica 24 horas de plazo para responder y diez días para presentar las llamadas pruebas de descargo.

Cinco relatores de Naciones Unidas han condenado esta acción y han declarado a través de un comunicado de prensa: “Esta última medida infringe una vez más los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el ejercicio legítimo de la libertad de asociación” y “muestra un desprecio sistemático por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para poner fin a las medidas represivas contra los grupos de derechos humanos”.[3] Por su parte, el gobierno ecuatoriano ha rechazado el comunicado porque afirma, contiene “aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan la situación en la provincia de Morona Santiago”[4]. Así mismo, ha ignorado las reiteradas demandas de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, de vigilar las prácticas abusivas de las empresas mineras en los territorios. Informes académicos y de derechos humanos, denuncian que la fase de exploración y construcción de la mina del proyecto Mirador ya ha provocado serios impactos socioambientales en la parroquia Tundayme, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en particular en mujeres y niños[5].

De igual manera, organizaciones indígenas como la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) han denunciado los conflictos provocados por la reanudación del proyecto minero Panantza-San Carlos, a pocos kilómetros al norte de Mirador[6]. En diciembre de 2016 el Ministerio del Interior ordenó la militarización de Nankintz, comunidad considerada por la nacionalidad Shuar, parte de su territorio ancestral; donde se quiere explotar una mega mina a cielo abierto. El gobierno además ha decretado “estado de excepción”[7] en la provincia de Morona Santiago –medida que permite la suspensión de varios derechos y garantías básicas- y ha enviado un fuerte contingente militar y policial vigorosamente armado, incluso con tanques y helicópteros para desalojar a los pobladores de la zona.

El saldo hasta el momento es de un policía muerto, varios Shuar heridos y varios líderes indígenas y campesinos presos, incluyendo el Vicepresidente de la CONFENIAE (Confederación de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana) Agustín Wachapa. Por su parte, Luis Tiwiram, presidente de Nankintz, denuncia que la población “se encuentra en el monte, sus casas han sido quemadas y no pueden volver a sus comunidades”[8]. Denuncias como estas, motivaron a Acción Ecológica a solicitar que una Comisión de Paz y Verdad visitara la zona.

 Estado plurinacional y derechos de la naturaleza

La Constitución ecuatoriana de 2008 declara al Ecuador “Estado Plurinacional” y por lo tanto se reconocen los derechos de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo los pueblos de la Amazonía Sur no han sido consultados sobre la actividad minera en sus territorios. La carta magna reconoce también los derechos de la naturaleza y es en el marco de la defensa de estos preceptos máximos que se inscribe la trayectoria de lucha de Acción Ecológica.

Con la consigna de “Petróleo y minería, la misma porquería” representantes de organizaciones y movimientos sociales acompañaron a las integrantes de la ong en una pequeña marcha festiva con tambores, hasta el Ministerio del Ambiente, en donde entregaron las pruebas de descargo. Dicha institución tiene plazo indefinido para analizar las pruebas y decidir sobre el cierre definitivo de la organización. Esperanza Martínez, vocera de la ong declaró: “si nos cierran renaceremos y seremos más fuertes”.

[1] Boletín de notificación del Ministerio del Ambiente. 20 de diciembre de 2016.

[2] Ibíd.

[3] Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.YN5QJEfu.dpuf

[4] Comunicado Oficial. http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/

[5] Sacher, W. et al. Entretelones de la Megaminería en el Ecuador. 2016. http://www.accionecologica.org/images/2005/mineria/documentos/entretelones_megamineri%CC%81a_2ed.pdf ; Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos, caso Corriente Resources. Cedhu, diciembre 2010

[6] Comunicado. 20 Diciembre 2016. www.conaie.org

[7] Decreto ejecutvo 1276.

[8] Entrevista a Luis Tiwiram, en Pata Caliente Radio, martes 10 diciembre, 2016. https://www.facebook.com/patacalienteradio/