Fotografías: Zitouna Auryn

En abril del 2016 un terremoto de magnitud 7,8 asoló la costa del Ecuador afectando principalmente el norte y sur respectivamente de las provincias de Manabí y Esmeraldas. La población afectada se calcula en 240.704 personas, fallecieron 661 personas según cifras oficiales y alrededor de seis mil resultaron con heridas graves.

La primera y efectiva acción de atención a los damnificados provino de la sociedad civil, de ciudadanos que se organizaron autónomamente para canalizar ayuda, desde víveres y medicina hasta la construcción de albergues. Igual actuaron rápidamente municipios a través de sus alcaldes. El gobierno se movilizó a su ritmo intentando controlar todos los procesos de ayuda y tomando medidas económicas para recaudar fondos para enfrentar el terremoto mediante el aumento de impuestos.

Luego del susto y temor inicial que se prolongó por varios meses debido a las réplicas del movimiento sísmico la población afectada ha ido lentamente reconstruyendo sus vidas, pretendiendo volver a la normalidad en un estado de anormalidad, sus casas destruidas, sus empleos precarizados, sus negocios a la baja, disminución de la pesca y pérdidas en la agricultura agravadas por un fuerte invierno.

Aún ahora se puede observar en cada terreno los restos de las viviendas destruidas, las bases inclinadas, las paredes caídas o cuarteadas, con refugios improvisados con plásticos y cualquier material que sirva para ello, los albergues familiares metálicos y las carpas chinas donadas. Por otra parte cientos de familias se encuentran en los albergues instalados por el régimen con las limitaciones del espacio, de anegamiento del suelo por las lluvias, de los horarios de cuartel, de estar lejos de sus hogares. Muchas han retornado a su tierra – los que tienen- a intentar reconstruir sus viviendas en medio de los escombros que todavía no han sido removidos y que muestran la desidia gubernamental en el apoyo básico a los damnificados.

El terremoto evidenció otras carencias en las zonas devastadas, según cifras oficiales el 73% de los ciudadanos de los cantones más afectados por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas carecían de servicios básicos antes del terremoto y esto no se ha resuelto aún. Cientos de viviendas carecen de agua, no se diga potable y viven en condiciones precarias de habitabilidad. Los ingentes recursos de la cooperación internacional entregados al gobierno y por la recaudación tributaria no son visibles. Es más, el terremoto es el gran pretexto que ahora justifica la limitada presencia del estado para dotar de servicios básicos y pone un velo a la pobreza existente.

Soluciones sencillas y que no requieren ingentes recursos son implementadas por la comunidad con esfuerzo propio, mediante mingas – trabajo colectivo – , con el apoyo de organizaciones locales, nacionales y la cooperación nacional e internacional, la reconstrucción de sus viviendas con tecnologías alternativas que utilizan la caña guadua como materia prima, bases sismo resistentes con llantas, madera de la zona y materiales económicos muestran . Los diseños innovadores en las viviendas vienen de iniciativas ciudadanas y la recuperación de la memoria, el conocimiento y las técnicas ancestrales. Existen varios modelos, desde albergues mejorados, casas de dos pisos, palafitos – construcciones en el agua- , huertos familiares , pozos de agua, todo ha contribuido a la reconstrucción comunitaria de sus hogares.

Al mismo tiempo el gobierno está empeñado en reubicar a poblaciones y desalojar a otras de sus sitios tradicionales de vida, estos planes impulsados por el estado supondrían favorecer intereses distintos a los de proteger la población afectada, uno de ellos recuperar tierras para inversiones turísticas.

Un ejemplo de ello tiene que ver con el decreto presidencial que establece que la Isla de Muisne debe ser desalojada por sus moradores, los más de 9000 habitantes deben abandonar la isla según un informe sin mayor sustento técnico, no existe una investigación seria de la vulnerabilidad en la isla y en menos aún de la costa ecuatoriana frente al riesgo de un tsunami, que es el argumento utilizado para desalojar la isla.

Para forzar la salida de los habitantes de la isla el gobierno ha decido no invertir nada en ella para la reconstrucción, para dotar de servicios, han resuelto que salgan las instituciones públicas de la misma, y han prohibido que organizaciones de apoyo canalicen recursos a la isla. Aparentemente contradictorio con la propuesta de desalojo de los habitantes de Muisne, la construcción a marchas forzadas de un puente peatonal a la isla, que se pretende inaugurar antes de que termine el periodo de gobierno el 24 de mayo, parecería más bien una clara intención de entrar e intervenir en la isla. El régimen y los gobiernos locales promueven las mega obras, de relumbrón, que se ven, quizás por eso en lugar de que primero se resuelva el acceso al agua potable los pueblos costeros estos estrenan malecones, puentes y plataformas gubernamentales de servicios. Es cuestión de prioridades y para el gobierno queda claro cuál es la suya.

En la vía principal que conduce al embarcadero y nuevo puente que comunica el continente con la isla han levantado un colegio en aulas prefabricadas metálicas a los que los alumnos deben llegar cruzando en bote desde la isla, asistir a clases y regresar el fin de la jornada volviendo a cruzando la ría para retornar a sus casas en donde les espera sus familias que han decidido no abandonar la isla. Al frente, en el continente el régimen está construyendo alrededor de 250 casas prefabricadas adosadas, el requisito para acceder a ellas es permanecer en los albergues y que abandone la isla lo que abona a la estrategia de desalojo. El perjuicio económico, social y emocional para sus habitantes por esta decisión del gobierno de desaojar la isla – la población no ha sido escuchada- es alto.

Con los recursos usados en levantar un museo en la sede presidencial para mostrar los regalos y honoris causa recibidos por Rafael Correa en su periodo presidencial y la banda presidencial, podían dotar de agua a los barrios de la isla, limpiar los escombros y apoyar la reconstrucción de las casas.

La isla ya tiene infraestructura, un hospital, registro civil, escuelas y colegios en buenas condiciones, viviendas, hoteles y comercios, lo que les permite mantener condiciones de autonomía para permanecer en la isla.

El día a día está lleno de movimiento y vida que muestran la firme convicción de sus habitantes para permanecer en la isla. De Muisne no nos vamos, Aquí nos quedamos, son las leyendas escritas en los carteles pegados por sus habitantes en las fachadas de las casas, la creación de espacios de unidad para enfrentar el desalojo y las movilizaciones que han realizado son las señales de una reconstrucción democrática en resistencia.